WASHINGTON.- El gobierno de Joe Biden dijo que la jura de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítima” y amplió las sanciones contra el régimen chavista, en una nueva ofensiva por aislar a la dictadura venezolano luego del fraude electoral en la última elección presidencial en julio del año anterior, denunciado por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Pero la Casa Blanca decidió dejar en el cajón otras medidas más duras, como revocar la licencia especial otorgada a la energética Chevron para extraer petróleo, o reimponer un embargo total a las ventas de energía de la nación caribeña.
“Creemos que es sumamente importante que se respete la voluntad del pueblo venezolano”, dijo un alto funcionario del gobierno de Biden en una llamada con periodistas de la que participó LA NACION, al anunciar la nueva ronda de castigos de Washington.
“En este momento, está claro para el pueblo venezolano, para Estados Unidos y para la mayor parte del mundo que Edmundo González Urrutia debe prestar juramento como el próximo presidente de Venezuela. Hay evidencia irrefutable de que ganó la mayoría de los votos el 28 de julio. Maduro ha demostrado una vez más su total desprecio por las normas democráticas, y está procediendo con una toma de posesión ilegítima”, amplió el funcionario.
Ante la solidificación del régimen chavista en manos de Maduro, el gobierno de Biden elevó la recompensa por la captura de Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a 25 millones de dólares. Y agregó una nueva recompensa de 15 millones de dólares contra el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, llevando la recompensa total para los tres funcionarios a 65 millones de dólares.
Además, la Casa Blanca impuso nuevas restricciones de visas a individuos alineados con Maduro responsables de socavar el proceso electoral en Venezuela y de la campaña de represión desplegada en el país. El Tesoro anunció nuevas sanciones individuales a ocho funcionarios alineados con Maduro, y Estados Unidos también tomó medidas adicionales para embargar activos soberanos venezolanos en otros países.
“Es importante subrayar que Maduro se encuentra prácticamente solo en esta coyuntura, con pocos amigos en la región y el mundo”, describió el funcionario.
Entre los funcionarios sancionados también figuran el recientemente nombrado jefe de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa), Héctor Obregón, y el ministro de Transporte, Ramón Velásquez.
La nueva ronda de sanciones es probablemente el último paquete de medidas anunciado por el gobierno de Biden antes de que Donald Trump tome juramento y asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Las medidas terminan de completar el círculo que recorrió la administración demócrata con Venezuela. Biden intentó primero aliviar las sanciones que dejó Trump y abrió una negociación con el régimen de Maduro, ofreciendo ramos de olivo en busca de un acuerdo que permitiera tener elecciones libres y justas. Después, y ante la continua represión, los ataques a la oposición liderada por María Corina Machado y la deriva autoritaria que culminó con el fraude electoral del pasado 28 de julio, la Casa Blanca dio marcha atrás y comenzó a apilar los castigos al régimen chavista.
Aunque hubo elecciones que dejaron claras evidencias de la victoria de Urrutia, Maduro amplió su represión, volvió a jurar y se quedó en el poder, estirando la hegemonía chavista en Venezuela.
“Lo que hemos visto es que Maduro y sus compinches están decididos a aferrarse al poder, a pesar del hecho de que su legitimidad esencialmente ha sido destrozada, ciertamente dentro de la región, pero más ampliamente. Y creo que las consecuencias de las elecciones del 28 de julio realmente han puesto una lupa sobre ese hecho”, dijo el alto funcionario oficial.
Aun así, el gobierno de Biden evitó ampliar las sanciones al sector energético y dejó vigente, por ejemplo, la licencia excepcional otorgada a la petrolera Chevron para que avanzara con la extracción de petróleo en Venezuela. Los funcionarios oficiales consideraron que las restricciones actuales son lo suficientemente amplias, aunque dijo que las licencias están sujetas a “evaluación”.
“Y lo que tenemos ahora es un escenario en el que todavía hay una cantidad suficiente y bastante amplia de restricciones a las transacciones de petróleo y gas con Venezuela, aunque no totales”, fue la postura oficial.
Trump y su equipo de seguridad nacional y política exterior, liderado por Marco Rubio, futuro secretario de Estado, y Mike Waltz, desginado por Trump como asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, todavía no han dado indicios acerca de cuál será la política que aplicarán sobre Venezuela para facilitar una transición democrática. Trump, al igual que Biden, condenó la ola represiva de Maduro y dijo que debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano. Los funcionarios del gobierno demócrata evitaron dar precisiones respecto de si habían coordinado las medidas con la futura administración.
“Sé que ha habido conversaciones de alto nivel sobre una variedad de cuestiones de transición entre la administración Biden y la administración entrante, pero no puedo discutir los detalles de esas conversaciones”, dijo uno de los altos funcionarios en la llamada con la prensa.
El gobierno de Biden además extendió por un año y medio el programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para que puedan permanecer legalmente en el país unos 600.000 venezolanos y más de 200.000 salvadoreños, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional, apenas una semana antes de que Trump asuma la presidencia con la promesa de endurecer la política migratoria.
