NUEVA YORK.- Tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca en 2021, quienes criticaban su uso abusivo de las facultades del Poder Ejecutivo le imploraron al Congreso que restringieran los límites legales de lo que un presidente puede hacer unilateralmente con su lapicera. Los legisladores, sin embargo, no actuaron.
Cuando Trump prestó juramento para iniciar su segundo mandato, reafirmó su visión “muscular” del poder presidencial. No solo ahondó en la misma noción de una autoridad ejecutiva amplia, sino que ahora fue más allá, con nuevas afirmaciones sobre sus extensas facultades y su inherente peso constitucional.
En su andanada de decretos, Trump les ordenó a los fiscales que no apliquen la ley que prohíbe la popular aplicación de redes sociales TikTok hasta que sus dueños chinos la vendan. Tras la aprobación de esa ley con amplio apoyo bipartidario, el presidente Joe Biden la había promulgado y la Corte Suprema la refrendó unánimemente.
Más allá de los méritos de la ley, la Constitución dice que el presidente “velará por el fiel cumplimiento de las leyes”. Trump no brindó ninguna explicación clara de por qué tendría el poder legítimo de suspender la aplicación de una ley, y solo hizo vagas referencias a la “responsabilidad constitucional” por la seguridad nacional, la política exterior “y otras funciones vitales del Ejecutivo”.
Las medidas unilaterales, como los decretos presidenciales o la declaración del estado de emergencia, no pueden crear nuevas facultades para el presidente. No es inusual que un presidente recurra a un decreto para tomar alguna medida cuya legalidad está en disputa, y esos casos son judicializados y finalmente es la Corte Suprema quien tiene la última palabra.
Habrá que ver si alguien de los que se opone a la suspensión de la ley contra TikTok tiene espaldas para llevar el caso ante la Justicia. Pero muchos de los decretos de Trump apuntaron contra leyes de inmigración, así que es muy probable que sean denunciados y que la legitimidad de sus afirmaciones sobre las potestades del Ejecutivo se termine dirimiendo en los tribunales.
En varios de sus decretos, Trump invoca su rol constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presenta a los migrantes como invasores, mezclando la aplicación de una ley inmigratoria con sus facultades para los tiempos de guerra.
“Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que la de defender nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer”, dijo en su discurso inaugural.
Entre sus decretos, Trump declaró que los inmigrantes recién llegados no podrán invocar una ley que les permita solicitar asilo, y para justificarlo, dijo que la Constitución le otorga “poderes inherentes” para “impedir la entrada física de extranjeros que invadan Estados Unidos”, además de citar algunas vagas disposiciones de las leyes inmigratorias.
En otro de los decretos ordena que el Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en América del Norte continental, elabore de inmediato un “plan de campaña” para sellar la frontera “y repeler toda forma de invasión, incluida la migración ilegal en masa, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades delictivas”.
Trump y sus asesores han sugerido la posibilidad de invocar la ley de insurrección para utilizar al Ejército para reforzar los controles fronterizos. Pero el decreto sólo se refiere a su poder constitucional como comandante en jefe, lo que plantea la posibilidad de que esté contemplando usar a las tropas en una operación militar, y no como agentes de aplicación de la ley.
Algunos de los decretos reviven los enfrentamientos sobre las facultades del Ejecutivo que surgieron durante su primer mandato.
El lunes pasado, Trump repitió su medida de 2019 y volvió a declarar la emergencia nacional en la frontera. También invocó un estatuto que permite que en caso de urgencia los presidentes reasignen fondos militares para proyectos de construcción relacionados con la emergencia. Tanto en 2019 como ahora, el propósito es gastar más dinero del aprobado por el Congreso en un proyecto de muro fronterizo.
¿Existe realmente una emergencia que se solucionaría con un muro fronterizo y que justificaría eludir el rol del Congreso a la hora de decidir en qué gastar el dinero de los contribuyentes?
Un muro no resuelve el principal problema fronterizo de los últimos años: la abrumadora cantidad de migrantes que solicitan asilo, desbordando el sistema y retrasando las audiencias. Además, en los últimos siete meses los cruces ilegales se han desplomado a los niveles más bajos desde el verano de 2020, durante la fase inicial de la pandemia.
Pero los hechos poco importan a la hora de determinar si es legal y cuándo es legal que los presidentes usen su facultad de declarar una emergencia, que se rige por la ley de emergencias nacionales de 1976.
Esa ley no define con precisión las circunstancias en las que los presidentes pueden determinar que existe una emergencia nacional, lo que les deja un margen básicamente ilimitado para arrogarse potestades discrecionales. Pero hasta ahora los presidentes se habían ceñido a las normas de autocontrol presidencial.
En su demostración de fuerza del lunes pasado, Trump también declaró la emergencia energética, así que como dijo en su discurso inaugural, “vamos a perforar y a perforar”.
Hasta ahora, ningún presidente había declarado la emergencia energética, que le da poder a Trump para suspender las protecciones legales para el medio ambiente y acelerar los permisos para nuevos proyectos de perforación de petróleo y gas.
La situación energética del país no parece en estado de emergencia: Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, en gran medida debido al auge del fracking y a los miles de nuevos permisos para perforar en tierras federales emitidos por el gobierno de Biden, que superó el récord del primer mandato de Trump.
Además, el precio de la nafta, el gas natural y la electricidad está relativamente bajo en comparación con sus niveles históricos.
Pero el decreto dice que las políticas del gobierno de Biden “condujeron a nuestra nación a una emergencia nacional, con un suministro de energía inadecuado e intermitente, y una red cada vez menos confiable, que demandan acciones rápidas y decisivas”. También hizo referencia a una creciente necesidad de electricidad para hacer funcionar servidores de proyectos de inteligencia artificial.
Elizabeth Goitein, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, que ha escrito extensamente sobre las facultades de emergencia de los presidentes, anticipa que muchas de las medidas de Trump serán impugnadas por la Justicia.
“Las facultades de emergencia nunca deberían usarse para abordar problemas de larga data, como la inmigración ilegal, que puede y debe abordarse con leyes del Congreso”, apunta Goitein, una de quienes le pidieron al Congreso que limitara el poder del Ejecutivo. “La mala noticia es que el Congreso nunca reformó la ley de emergencias nacionales, lo que habría ayudado a impedir dichos abusos”.
Nadie discute que Trump tenga legítima autoridad para tomar otras medidas unilaterales. La Constitución claramente les concede a los presidentes autoridad ilimitada para indultar a personas por delitos federales o conmutar sus penas, por lo que hay pocas dudas de que Trump tenía el poder de perdonar a las casi 1600 personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Pero Trump también propuso interpretaciones novedosas o ampliadas de la autoridad presidencial.
Entre otras cosas, ordenó que su gobierno haga recomendaciones sobre designar a ciertas bandas transnacionales y carteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, extendiendo la aplicación de una ley pensada para agrupaciones que usan la violencia con fines ideológicos o geopolíticos a grupos delictivos que, aunque también son violentos, están motivados por el lucro.
Charlie Savage
Traducción de Jaime Arrambide
