GUAYAQUIL.- La policía de Ecuador informó que ha llevado a analizar al departamento de Medicina Legal de Guayaquil cuatro cuerpos que fueron encontrados en la tarde del martes en las inmediaciones de la Base Aérea de Taura para descubrir si se trata de alguno de los cuatro menores de edad desaparecidos desde el 8 de diciembre en manos de efectivos de las fuerzas de seguridad, en un caso que conmociona al país.
La fiscalía anunció que hará un cotejamiento de huellas y análisis de ADN para establecer si coinciden con los de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 14 y 15 años, y sus amigos Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, cuatro menores de edad que no volvieron a su casa desde que 16 miembros de las fuerzas militares de Ecuador se los llevaran por un supuesto robo.
Una funcionaria policial no autorizada a ser identificada confirmó que la policía había hallado varios cuerpos el martes en una zona de manglar, cercana a Taura, donde está la sede militar de la zona costera, aunque no informó sobre el número de cuerpos e indicó que estaban investigando si se trata de los menores. Dos funcionarios de la fiscalía indicaron que los cadáveres estaban calcinados y con signos de violencia.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), confirmó que el forense les indicó a él y a los familiares de los niños que hay cuatro cuerpos sin identificar en la morgue y que están irreconocibles a simple vista puesto que están “incinerados” y “destruidos”.
Las familias dieron información sobre heridas, prótesis y características fisiológicas de los desaparecidos para ver si coinciden con las de los cadáveres encontrados en Taura.
Casi en paralelo, el ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, ordenó poner bajo custodia a 16 militares por la detención de los menores, en un caso que ha sacudido al gobierno del presidente Daniel Noboa y que la Fiscalía considera que podría tratarse de un caso de desaparición forzada.
Dos días antes, Loffredo había descartado cualquier implicación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los cuatro niños afroecuatorianos, pero luego el funcionario admitió que una patrulla fue responsable de la aprehensión de los niños. “Existe un informe en el que se explica lo ocurrido”, señaló.
El pasado 8 de diciembre, cuatro jóvenes fueron detenidos en un operativo militar en un barrio popular al sur de Guayaquil y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades aseguraron inicialmente que habría grupos de delincuencia involucrada en la desaparición, pero días más tarde informaron que los menores fueron detenidos por militares y después liberados.
Las cámaras de vigilancia captaron el momento preciso en el que decenas de uniformados armados detienen violentamente a los menores, que caminaban por una calle de Guayaquil en la noche de ese domingo a las 20.43, y los suben a dos camionetas patrulla.
En una de las grabaciones puede verse el momento en el que capturan a dos de los menores. Ambos menores son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da una piña en la cabeza.
Los uniformados armados se trasladan en una camioneta blanca doble cabina de vidrios polarizados, sin placas, y con la luz-sirena bicolor (azul y rojo) activada y parpadeante. Los agentes están vestidos con botas, cascos, ropa de camuflaje y armas largas tipo fusiles. Todos llevan además en sus hombros un distintivo muy parecido al de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los videos fueron entregados a la Fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil. Proceden de una cámara de seguridad que captó lo ocurrido en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.
Los cuatro menores desaparecieron después de estar jugando un partido de fútbol en Las Malvinas, un barrio popular de la ciudad portuaria de Guayaquil, a 265 kilómetros de la capital.
En una audiencia de habeas corpus celebrada en la tarde del martes —cuyo fin es solicitar la liberación de personas detenidas sin garantías legales—, la fiscalía pidió fijar fecha para formular cargos por “desaparición forzada” contra los 16 militares que participaron en el operativo y que prestan servicio en la base cercana a donde se encontraron los cuerpos.
En su fallo oral emitido por la noche, la jueza Tanya Maricela Loor Zambrano dijo que “se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños”, por lo cual dictó medidas cautelares a favor de familias.
La jueza constitucional con sede en Guayaquil ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y las instituciones de seguridad nacional realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los cuatro menores.
Por su parte, el ministro de Defensa Loffredo, ordenó poner bajo custodia al grupo de uniformados “investigados por la justicia” por la desaparición de los cuatro jóvenes, según un comunicado difundido en X, antes Twitter.
Los cuerpos encontrados estaban en una zona rural muy cerca de la Base Militar de Taura, a las afueras de Guayaquil, que es la sede de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La base de Taura fue allanada por la Fiscalía la madrugada del pasado lunes para incautar evidencias, entre ellas, los celulares de los 16 uniformados y dos camionetas blancas Chevrolet Luv, con vidrios polarizados y sin placas, en los que subieron a golpes y violentamente a los cuatro niños, según las imágenes de videovigilancia.
El ministro de Defensa dijo que los militares actuaron porque una mujer había denunciado un robo por parte de los menores, algo que no ha podido ser validado por las imágenes del sistema de videovigilancia.
En la audiencia celebrada el martes, el fiscal Christian Fárez, que lleva la investigación de la desaparición de los cuatro jóvenes dijo que no había evidencia, pruebas, partes policiales o testigos que sustenten la versión sobre el presunto robo.
“No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, apuntó el funcionario que cuestionó el procedimiento de la detención. “Los menores no pueden ser detenidos ni aprehendidos”, indicó, sino que debían haber sido “solo aislados” y haber informado a la unidad especializada de la Policía. “Sobre todo, hacer de conocimiento público el procedimiento, nombre, fecha y hora”.
El lunes, cientos de personas protestaron en Quito y en Guayaquil por la desaparición de los niños en un caso que estremece a Ecuador. “Los queremos con vida, por favor”, dijo a la prensa Luis Arroyo, padre de los hermanos Josué e Ismael Arroyo.
Los manifestantes en ambas ciudades llevaban carteles en los que se leía “¿Dónde están nuestros niños?” y “Los niños negros no son criminales”. En Guayaquil se concentraron unas 300 personas, mientras que en Quito hubo unas 200.
De acuerdo Arroyo, su familia recibió la llamada de un hombre que los contactó con uno de los jóvenes. Este le relató que militares los golpearon, se los llevaron y luego los abandonaron. El mismo hombre que contactó a Arroyo le dijo después que “la mafia se los llevó”. Desde entonces no hay noticias sobre ellos.
“Ahora son estos niños, mañana seremos nosotros. Es un gobierno que no está dando respuestas y está justificando las acciones que ha cometido y las estupideces que han cometido sus funcionarios de las fuerzas armadas”, dijo Guillermo Leone, que acudió a la protesta en Guayaquil.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consideró que todavía no se puede hablar de una desaparición forzada. “Me parece que todavía no es el momento, tiene que haber análisis técnico, tiene que haber una determinación por parte de la fiscalía”, dijo al ser consultado en una entrevista.
Agencias AP, Reuters y AFP y diario El País
