RÍO DE JANEIRO.- Cuatro mujeres, que eran fugitivas de la justicia brasileña por su implicación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, fueron arrestadas después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Tres de ellas fueron detenidas al día siguiente de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Estos arrestos ocurrieron como parte de una investigación más amplia sobre los eventos violentos ocurridos en Brasilia, donde seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron un golpe de Estado, invadiendo las instituciones gubernamentales para derrocar al presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva.
La información sobre las detenciones fue inicialmente divulgada por el portal UOL y más tarde confirmada por el diario O Globo, en coordinación con el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según fuentes oficiales, las cuatro mujeres se encontraban en la Argentina antes de viajar a Estados Unidos, luego de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara la extradición de todos los implicados en los actos antidemocráticos ocurridos en enero. Esta extradición fue parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los responsables del intento golpista fueran procesados conforme a la ley.
En noviembre de 2024, la Justicia argentina ordenó la detención de 61 ciudadanos brasileños que se encontraban en el país y contra quienes pesaba un pedido de extradición por su participación en el ataque a los tres poderes públicos de Brasil, ocurrido en 2023. La orden fue emitida por el juez Daniel Rafecas, a solicitud del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Los detenidos tenían condenas firmes con penas de prisión efectiva. En ese contexto, las cuatro mujeres fugitivas lograron escapar y marcharon rumbo al norte.
Raquel de Souza Lopes, de 52 años, fue la primera en ingresar ilegalmente a los Estados Unidos el 12 de enero, según las autoridades norteamericanas. Ese mismo día, fue detenida por la patrulla fronteriza y trasladada al centro de detención El Valle, en Raymondville, Texas, donde permanece a la espera de su deportación. Originaria de Joinville, un municipio brasileño del estado de Santa Catarina, Raquel está acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) de destruir el Palacio del Planalto durante los actos golpistas del 8 de enero. Fue condenada a 17 años de prisión, aunque su defensa niega cualquier implicación en los actos de vandalismo.
Al día siguiente de la toma de posesión de Trump, el 21 de enero, las otras tres brasileñas ingresaron a Estados Unidos y fueron detenidas el mismo día. Actualmente, se encuentran en el centro de detención de El Paso, también en Texas, a la espera de ser deportadas.
Entre ellas se encuentra Rosana Maciel Gomes, de 51 años, condenada a 14 años de prisión. Originaria de Goias, su defensa sostiene que, al presenciar la destrucción del Palacio del Planalto, entró en “estado de shock” y no participó en los actos de vandalismo. Fue arrestada dentro del Palacio, donde la Policía Federal halló en su celular imágenes de la invasión al Congreso Nacional. Al dictar la condena, el ministro Alexandre de Moraes señaló que el material encontrado evidenciaba “la participación activa de la acusada en las invasiones y destrucciones”.
Por otro lado, Michely Paiva Alves, de 38 años y originaria de Limeira, enfrenta cargos por cinco delitos ante el Supremo Tribunal Federal, además de una orden de arresto pendiente. La Policía Federal la acusa de ser la responsable de organizar el viaje en micro de 30 personas desde su ciudad natal hasta Brasilia para participar en los disturbios. Por su parte, Cristiane da Silva, de 33 años y natural de Camboriú, fue condenada a un año de prisión por incitar los actos golpistas. Aunque su defensa niega su implicación, argumenta que Cristiane se encontraba en Brasilia únicamente de visita y no participó en los actos violentos.
El 8 de enero de 2023, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al presidente Lula da Silva y denunciando un supuesto fraude en las elecciones. Hubo cientos de detenciones.
A pesar de su afinidad con Bolsonaro, Trump mantiene una política migratoria estricta. El pasado domingo, su gobierno deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 227 años creada para tiempos de guerra, que no se aplica a inmigrantes ilegales. Tres días después de asumir la presidencia, Trump anunció una emergencia nacional en la frontera, prohibiendo la entrada de inmigrantes ilegales y comenzando a enviarlos de vuelta a sus países de origen.
