Comienza el año y el anhelo de un 2025 sin sobresaltos para la gobernabilidad de España ya se perfila complicado: una vez más, el independentismo catalán amenaza con desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez, si no satisface sus requerimientos.
La frágil aritmética parlamentaria que Sánchez consiguió enhebrar en noviembre de 2023 para ser reelecto convirtió a la coalición progresista que él lidera desde el Palacio de la Moncloa en un ejecutivo extremamente dependiente de los siete votos separatistas que el soberanismo de derechas de Junts per Catalunya le concedió para alcanzar la mayoría necesaria.
Pero Junts, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, exigió a cambio beneficios que, catorce meses después, siguen sin concretarse.
Puigdemont, quien huyó de España para no ir preso por haber declarado unilateralmente la independencia de Cataluña en 2017, sigue sin poder regresar al pago por las complejas interpretaciones que los jueces hacen de la ley de amnistía que Pedro Sánchez le prometió.
Además, hasta ahora, el presidente del gobierno tampoco cumplió con el traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña ni logró que el catalán sea reconocido como lengua co-oficial en las instituciones europeas. Son dos de las condiciones del independentismo catalán para sostener un apoyo que se ve amenazado día a día.
Con el foco puesto en una inminente ruptura con el PSOE de Sánchez, Junts exige ahora que el presidente se someta a una cuestión de confianza, un recurso constitucional que sólo el jefe del gobierno puede decidir enfrentar.
Y para sumarle dramatismo, los de Puigdemont lo presentaron formalmente en el Parlamento como una proposición no de ley.
Este jueves, en un intento por ganar tiempo para calmar las aguas y acercar posiciones entre el independentismo y el gobierno, la mesa del Congreso -el órgano rector del Parlamento- volvió a postergar la decisión sobre qué hacer con esa propuesta de Junts. Ya lo había hecho el mes pasado.
¿Qué es la cuestión de confianza?
Clarín consultó al catedrático de derecho constitucional Eloy García: “Una de las diferencias entre el sistema parlamentario y el presidencialista, como es el argentino, consiste en que, en el presidencialista, el pueblo elige un presidente y se le da la confianza durante el plazo que dure su mandato -explica García-. En el régimen parlamentario, se elige un Parlamento que confía en el presidente y le da un voto de confianza. Pero aquí la confianza es ratificada permanentemente. Nunca se llega a tenerla definitivamente.”
“El gobierno, una vez elegido por el Parlamento, tiene que gobernar y lo tiene que hacer en consenso con el Parlamento porque, de lo contrario, el Parlamento le puede retirar la confianza”, agrega el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
“En ese juego hay tres sujetos: la sociedad, el Parlamento y el gobierno. Es un juego que tiene complicaciones y es bastante más inestable que el presidencialista. Es un juego de confianzas cómplices, compartidas y también bastante enemigas”, lo define García.
“Existen elementos para medir la temperatura. Y entre ellos, el que tiene mayor implicancia política es la cuestión de confianza, que es un figura intermedia”, aclara.
Consecuencias de perder la confianza
“Perderla o ganarla no tiene ninguna trascendencia desde del punto de vista jurídico -subraya el catedrático-. Si se pierde la cuestión de confianza, el gobierno no tiene porqué irse. Pero, al medir la temperatura del cuerpo social, ningún gobierno aguanta si esa temperatura es adversa. Es un dato que se contrasta. Si el presidente pierde esa cuestión de confianza, no le queda otra que dimitir”.
Respecto de la actual situación del gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez, Eloy García la define como “muy complicada”.
“El gobierno no tiene la confianza, pero tampoco deja de tenerla -considera-. La mayoría que votó su investidura no está de acuerdo en relación con algunas leyes que el gobierno propone. Tiene una investidura pero no puede gobernar porque no le aprueban los presupuestos ni le aprueban algunas leyes.”
“No es constitucional”
“Entonces Junts le mete el dedo en el ojo y le dice: ‘¿Por qué no presenta usted una cuestión de confianza?’ A lo que el gobierno le responde: ‘Pero no estoy obligado a hacerlo’ -representa el catedrático-. Entonces Junts lo lleva al Parlamento como si fuera una cuestión normal. Le pide, a través del Parlamento, que se someta a una cuestión de confianza. Eso no es constitucional porque es una prerrogativa, un privilegio del presidente”.
Para Eloy García, la jugada del independentismo catalán “se trata de un juego de bromas que no se sabe cómo termina”.
“Quieren desgastarlo porque quieren evidenciar que (Pedro Sánchez) depende de ellos”, dice.
“La idea que hay detrás es la de convertir la cuestión de confianza en una moción de confianza destructiva. Es bastardear el juego parlamentario”, opina el catedrático.
Cumbre independentista
Mientras tanto, este jueves, en Bélgica, los líderes de los dos principales partidos separatistas catalanes, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, se reunieron para “renovar complicidades”.
Son Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ex presidente y ex vicepresidente del gobierno de la Generalitat que en 2017 organizó un referéndum de autodeterminación ilegal. Fue el envión que desembocó en la declaración unilateral de independencia que el gobierno central de turno -por entonces a cargo de Mariano Rajoy, el Partido Popular- sofocó con una intervención en Cataluña.
En aquel octubre de hace más de siete años, Puigdemont se fugó a Bélgica y Junqueras fue a parar a un calabozo, donde pasó más de tres años y medio. Fue juzgado y condenado a 13 años de prisión hasta que el gobierno de Pedro Sánchez lo indultó en 2021.
La moción de censura que ilusiona al PP
Las asperezas entre el partido de Puigdemont y el PSOE de Sánchez ilusionan al Partido Popular cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, insiste en hacer cuentas para ver si logra reunir en el Parlamento los números necesarios para desalojar a Sánchez de la Moncloa a través de una moción de censura.
“Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura”, dice Núñez Feijóo.
Sin embargo, desde Junts lo ven “imposible”. Lograr los apoyos suficientes para que la moción de censura contra Pedro Sánchez prospere incluiría sumar sus votos a los del PP y a los de Vox, un partido que nació y creció justamente reclutando almas que rechazaban el intento separatista de los catalanes independentistas.
“Sería una broma macabra”, lo ve Jordi Turull, secretario general de Junts.