WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que conmutará las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, apenas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump, un defensor abierto de la expansión de la pena capital, asuma el cargo.
Los 37 detenidos quedan ahora condenados a cadena perpetua “sin posibilidad de libertad condicional”, precisó Biden en un comunicado.
“Estas conmutaciones son consistentes con la moratoria que mi administración ha impuesto a las ejecuciones federales, excepto en casos de terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio”, dijo Biden en un comunicado. “Estoy conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional”, añadió.
Biden está en contra de la pena de muerte y durante su gobierno el Departamento de Justicia emitió una moratoria sobre las ejecuciones en el sistema federal, que es distinto de las condenas emitidas por los jueces en los estados.
Los tres condenados que no se beneficiaron del perdón presidencial fueron Djokhar Tsarnaev, uno de los autores del ataque contra la maratón de Boston en 2013, Dylann Roof, un supremacista blanco que mató a nueve personas negras en una iglesia de Charleston en 2015, y Robert Bowers, condenado por matar a once personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.
Entre los beneficiados hay nueve condenados por matar a otros prisioneros, cuatro por asesinatos cometidos durante robos a bancos y uno que mató a un guardia penitenciario.
“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lo lamento por las víctimas de sus actos despreciables y me duele que muchas familias hayan sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”, dijo Biden.
“Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia… estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal”, agregó.
La administración Biden anunció en 2021 una moratoria sobre la pena capital federal para estudiar los protocolos utilizados, que suspendió las ejecuciones durante el mandato de Biden. Pero el presidente en realidad había prometido ir más allá en el tema en el pasado, comprometiéndose a poner fin a las ejecuciones federales, aunque no en los condenados por terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio.
Mientras se postulaba para presidente en 2020, el sitio web de la campaña de Biden decía que “trabajaría para aprobar legislación para eliminar la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal”.
Biden lanzó un golpe político a Trump, al decir: “En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que un nuevo gobierno reanude las ejecuciones que yo detuve”.
De hecho, Trump, quien asume el cargo el 20 de enero, ha hablado frecuentemente de expandir las ejecuciones. En un discurso anunciando su campaña de 2024, Trump pidió que aquellos “sorprendidos vendiendo drogas reciban la pena de muerte por sus actos atroces”. Más tarde prometió ejecutar a traficantes de drogas y de personas, e incluso elogió el tratamiento más severo de China hacia los vendedores de drogas. Durante su primer mandato como presidente, Trump también abogó por la pena de muerte para los traficantes de drogas.
Trump se encuentra en la vereda de enfrente. Durante su campaña electoral este año, Trump defendió el uso de la pena de muerte para castigar a migrantes que asesinen a ciudadanos norteamericanos y a traficantes de drogas y de personas.
Durante el primer gobierno del magnate republicano (2017-2021), Estados Unidos suspendió una moratoria sobre las ejecuciones en la jurisdicción federal que regía desde 2003.
En los últimos seis meses de su mandato hubo 13 ejecuciones a nivel federal, más que cualquier otro presidente norteamericano en 120 años.
La última se llevó a cabo mediante inyección letal en una prisión de Indiana, en enero de 2021, cuatro días antes de que Trump dejara la Casa Blanca.
La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos y en otros seis (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) rige una moratoria.
En 2024 hubo 25 ejecuciones en el país, todas ordenadas en la esfera estatal.
Agencias AFP y AP
