MANILA.- El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue arrestado el martes al llegar al aeropuerto internacional de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por su mortífera guerra contra el narcotráfico.
“Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI”, señaló un comunicado presidencial. “Actualmente [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de las autoridades”.
El exgobernante de 79 años se enfrenta un cargo de la CPI por “crimen contra la humanidad por asesinato” por la campaña contra las drogas que llevó a cabo durante su presidencia (2016-2022).
Según las asociaciones de derechos humanos, la campaña se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.
Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica.
“¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. ”Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (…) Tienen que responder por la privación de libertad”.
No se reveló el lugar donde se grabó el video, aunque su partido divulgó una foto que indica que estaba detenido en la Base Aérea Villamor, contigua al aeropuerto de Manila.
Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, dijo que hay planes para trasladarlo rápidamente a La Haya. “Mientras escribo esto, está siendo llevado a la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo en un comunicado.
Duterte fue detenido en el aeropuerto de Manila después de un breve viaje a Hong Kong.
Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.
Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.
Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.
La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.
El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.
Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos ha dicho que no cooperará con la investigación.
Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política. Actualmente aspira a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.
Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.
En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.
Entre sus declaraciones durante la campaña presidencial se encuentran: “Olvídense de las leyes sobre derechos humanos. Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Ustedes, traficantes de drogas, ladrones y holgazanes, mejor salgan. Porque los mato”.
“Yo digo que matemos a cinco criminales cada semana, así serán eliminados”, dijo.
A finales de 2016, la guerra de Duterte contra las drogas estaba bien encaminada en todo el país y el número de muertos estaba batiendo récords .
La policía mató a más de 2000 personas en los meses posteriores a la investidura de Duterte el 30 de junio y hasta finales de año. La mayoría de las muertes fueron descritas como tiroteos.
Cuando Duterte dejó el cargo en 2022, el saldo oficial de muertes por la guerra contra las drogas se había al menos triplicado. La policía dijo que 6200 sospechosos fueron asesinados durante operaciones antidrogas. El gobierno filipino ha reconocido oficialmente 6248 muertes debido a la campaña antidrogas.
Pero los activistas dicen que el costo real de la represión fue mucho mayor, con miles de consumidores de drogas urbanos y pobres, muchos de ellos incluidos en “listas de vigilancia” oficiales, asesinados en circunstancias misteriosas.
Las familias de algunos de los muertos y defensores de los derechos humanos exhumaron posteriormente los cuerpos, a veces acompañados por periodistas de Reuters, y compararon los restos con certificados de defunción e informes oficiales.
Decenas de casos mostraban muertes violentas en las que los certificados de defunción indicaban causas naturales. En un caso, el certificado de defunción indicaba neumonía como causa de muerte, aunque el cráneo del cuerpo exhumado tenía un orificio de bala.
El fiscal de la CPI afirmó que hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas por la policía o por individuos no identificados a lo largo de los años.
Agencias AFP y Reuters
