La Argentina del ultra Javier Milei se ha convertido en refugio de decenas de bolsonaristas prófugos de la Justicia brasileña. Están condenados -o procesados, en algunos casos- por el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023. Algunos cruzaron la frontera en colectivo, otros en auto e incluso en bicicleta; los hay que escaparon primero a Uruguay y los que llegaron directo aquí. Como cualquier visitante brasileño en la Argentina, para entrar se limitaron a mostrar su DNI en Migraciones. Pero, a diferencia de los turistas, el primer paso de los recién llegados fue dirigirse a la Comisión Nacional de Refugiados y solicitar asilo político. Una petición que supone tener automáticamente permiso para trabajar. Imposible saber su color político, pero el caso es que 126 brasileños hicieron ese trámite en el primer semestre de este año, según datos de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados).
Son partidarios del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y muchos han sido condenados por el Tribunal Supremo de Brasil a penas de al menos 14 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado. Ellos, en cambio, se declaran inocentes y sostienen que son víctimas de una persecución política contra la oposición encabezada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y por el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes. Varios han accedido a conversar con EL PAÍS sobre los motivos de su huida y la vida que llevan en la Argentina.
A punto de cumplir 62 años, el brasileño Carlos Antonio Silva ha aprendido a hacer pan casero, donuts de coco y pan de queso que vende para sobrevivir por la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Está casado y tiene dos hijos, pero no ve a su familia desde que se fugó de su país, hace seis meses. En febrero, el máximo tribunal lo condenó a 16 años de cárcel en un juicio virtual por el asalto al Palacio del Planalto, la sede presidencial.
Este agente inmobiliario escuchó la sentencia desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria tras haber pasado siete meses en la cárcel. Fue declarado culpable de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño cualificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada. En vísperas de que la Policía volviese a meterlo entre rejas para hacerle cumplir la pena, rompió la tobillera electrónica con la que la Justicia vigilaba sus pasos y comenzó una huida que terminó en la Argentina. Afirma que fue uno de los primeros en entrar, el 18 de marzo, y así justifica su fuga: “Yo no hice nada, ni siquiera rompí un palillo”.
“Quieren que paguemos por un crimen que no cometimos, que echaron a nuestras espaldas sólo por nuestras ideas”, lamenta Silva en portuñol en la casa de otra de las condenadas. Estas ideas se resumen en el lema bolsonarista: “Dios, patria, familia y libertad”. Incluye considerar el aborto un crimen que debe ser perseguido y castigado, oponerse a la legalización de las drogas y eliminar la educación sexual integral obligatoria en las escuelas (a la que denominan “ideología de género”).
(Foto: ENRIQUE GARCIA MEDINA)
Lula ganó las elecciones contra Bolsonaro en octubre de 2022 por la mínima: 51% a 49%. Su victoria ha sido reconocida por toda la comunidad internacional, pero no así por los opositores más radicales, que clamaron fraude. Entre ellos está Silva, pero advierte que eso no lo convierte en terrorista ni en golpista. Relata que aquel domingo, a la semana de la toma de posesión de Lula, él planeaba participar en una manifestación pacífica contra el nuevo presidente e ignoraba que se saldría de control. Repite la tesis esgrimida por el bolsonarismo desde el primer día, que los destrozos fueron obra de inflitrados y no de manifestantes como él, a los que considera víctima de una trampa. Evita contestar de quién. “Nos tiraron gases lacrimógenos, y para protegernos entramos a [las sedes de] los tres poderes. No rompimos nada, nos quedamos allá dentro rezando de rodillas por nuestro país”, dice.
El relato de los demás prófugos entrevistados es similar. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, condenada a 14 años por los mismos delitos que Silva, recuerda que la plaza de los Tres Poderes se convirtió en cuestión de minutos en “un escenario de guerra”. “[Los antidisturbios] tiraron muchas, muchas bombas [de gas lacrimógeno] y había helicópteros. Unos policías nos dijeron que entráramos a refugiarnos”, argumenta esta brasileña de 58 años que tiene la tutela de dos nietas y de una persona incapacitada por enfermedad mental. Fue detenida en Planalto y los investigadores encontraron sus huellas dactilares en una botella de agua abandonada en el recinto.
Durante el juicio de Rodrigues, la defensa pidió su absolución por falta de pruebas de que perpetrara actos vandálicos. El juez instructor, Moraes, argumentó que “es irrelevante discriminar qué bienes dañó el acusado o cómo se enfrentaron a las fuerzas de seguridad dado que, según las pruebas, los delitos fueron cometidos por una multitud y sólo pudieron consumarse (…) por esa comunión del esfuerzo de todos”.
Rodrigues, una mujer coqueta que se pone un vestido verde para las fotos antes de colocarse el uniforme de cocinera con el que luego se irá a trabajar, recalca: “No tengo antecedentes penales, nunca tuve un problema con la policía”. Rompió la tobillera electrónica y escapó primero en autobús a Uruguay porque le quedaba más cerca y, además, porque también “tiene un presidente de derecha”, Luis Lacalle Pou. “Pero el costo de vida era muy alto y decidí venir a la Argentina”, explica. “Con lo que ganaba no me alcanzaba. Si pagaba alojamiento ese día no podía comer”, cuenta sobre los tres meses que pasó ahí.
Ahora vive en La Plata, en un modesto apartamento que comparte con otras dos prófugas a las que les une tanto la política como la fe evangélica. Los escasos muebles con los que cuenta fueron hechos por otro “patriota” (como se llaman entre ellos estos bolsonaristas) que estuvo unos días de paso allí antes de irse para otro lado.
(Foto: ENRIQUE GARCIA MEDINA)
“Dicen que somos terroristas, pero nuestras únicas armas son la bandera de Brasil y la Biblia”, asegura Raquel Lopes de Sousa, de 52 años, en el comedor de la casa de Buenos Aires donde vive. Comparte el alquiler con dos mujeres que conoció en prisión: Rosana Maciel Gomes y Alethea Verusca Soares. La bandera de Brasil decora uno de los sillones y del cuello de Sousa cuelga una cruz a la que se lleva las manos de vez en cuando mientras relata cómo los sucesos del 8 de enero de 2023 dieron un giro de 180 grados a su vida.
El Supremo condenó a De Sousa a 17 años de cárcel el pasado octubre. En su sentencia, a la que accedió EL PAÍS, se señala que “participó activamente en forma conjunta con los demás a la destrucción del mobiliario del Planalto. Todos gritaban palabras que demuestran su intención de deponer al Gobierno legítimamente constituido como ‘Fuera Lula’ y ‘Presidente ladrón’”.
De Sousa mantiene la versión que dio su defensa durante el juicio: “Estaba asustada y entré a buscar a mi hermana, a la que había perdido en medio de la gente”. Cuenta que cuando llegó el palacio ya estaba vandalizado y exige que le muestren pruebas en las que se la vea enfrentándose a policías o rompiendo algo. Asegura que lo único que tienen contra ella es un vídeo que obtuvieron de su propio teléfono en el que había grabado consignas contra Lula y el comunismo. “¿Eso es ser terrorista”, se cuestiona.
“Nunca había estado en una comisaría”, se lamenta. Recuerda que cuando ingresó en prisión, durante los primeros 15 días no tenía otra ropa interior que la que llevaba puesta y se la lavaba por la noche para poderla usar al día siguiente. Parece un detalle menor cuando después cuenta los problemas que las cerca de 500 mujeres presas ese día tuvieron para recibir medicamentos o tratamiento médico.
(foto: ENRIQUE GARCIA MEDINA)
La Justicia brasileña sospecha que el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo no fue improvisado. Bolsonaro está acusado de urdir el golpe con varios generales y tiene prohibido salir del país, pero por ahora no se ha sentado en el banquillo de los acusados. Los sospechosos de incentivar, organizar y financiar el asalto tampoco han sido juzgados. Uno de ellos es el pastor evangélico Symon Filipe de Castro Albino, de 33 años, más conocido como como Symon Patriota. La Justicia lo acusa de 16 cargos que podrían acarrearle una pena de prisión de hasta 30 años, pero nunca ha logrado dar con su paradero. Esquivó a la policía primero dentro de Brasil y hace unos meses siguió los pasos de aquellos condenados que habían buscado refugio en la Argentina.
A través de una videollamada, De Castro Albino se remonta a la noche electoral que dio a Lula su tercer mandato. Bolsonaro llevaba meses agitando el fantasma del fraude y el mensaje caló entre sus seguidores. “Nosotros, la gente de derecha, no creímos en la victoria de Lula. Nos reunimos delante del cuartel general [del Ejército] 65 días, pidiendo que el Ejército intervenga para que Lula muestre las urnas y pruebe que ganó. Queríamos que nos mostrasen las actas”, explica en un español salpicado de palabras en portugués. La movilización inicial fue multitudinaria en varias ciudades, pero con el pasar de las semanas comenzó a perder fuerza y se decidió hacer una gran manifestación en Brasilia después de la asunción de Lula para dar visibilidad al reclamo.
Este pastor viajó desde São Paulo a Brasilia el 5 de enero y, megáfono en mano, alentaba a los bolsonaristas que iban sumándose a participar en una “gran marcha de la libertad”. Esta arrancó tal y como estaba previsto el día 8, pero cuenta que cuando llegaron frente a las sedes oficiales “era un caos y mucha gente estaba aterrorizada”. Miles de personas ingresaron en los edificios, pero no fue su caso, dice. “Yo no entré porque estaba grabando un vivo para Instagram”, recuerda. Cuando comenzaron las detenciones, él ya se había escabullido.
Decidió cruzar a la Argentina por el presidente Milei, que asumió el poder a finales de 2023. “Cuando gana Milei es nuestra esperanza porque es de derecha, porque es amigo de Bolsonaro y porque tenemos la esperanza de que podremos ser recibidos como refugiados políticos”, cuenta este padre de cuatro hijos quien ya presentó toda la documentación requerida por la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CoNaRe).
(foto: Enrique García Medina)
Un total de 126 brasileños han solicitado asilo en la Argentina en el primer semestre de este año, según datos oficiales de Acnur, una cifra que lo coloca como el octavo país con más peticiones. Todo solicitante de asilo en la Argentina recibe un permiso de residencia transitorio que autoriza a trabajar mientras se resuelve su expediente. No existe un plazo para que las autoridades acepten o denieguen el asilo, pero con la puertas laborales abiertas y un Gobierno afín a sus ideas, no tienen prisa. “Estamos esperando al delegado de la CoNaRe que nos llame para hacer una entrevista y después un juez nos va a llamar. Aquí van a analizar nuestro caso uno a uno, de forma individual. En Brasil nos juzgaron a todos juntos por lo mismo”, compara De Castro Albino. Otros 40 brasileños han solicitado en un año asilo en Paraguay, según Acnur.
El gobierno de Lula ha solicitado formalmente información a las autoridades argentinas sobre el paradero de 143 brasileños prófugos. Los que hayan solicitado asilo saben que, mientras el proceso esté abierto, no será posible su extradición.
Los juicios por el intento de golpe de Estado en Brasil empezaron con la tropa, con los acusados de vandalizar los edificios. Todos han seguido el mismo patrón, por lo menos diez años de cárcel. Entre los pocos absueltos, un sin techo que estuvo 11 meses en prisión preventiva. Los jueces del Supremo brasileño, que investiga y juzga el asalto de Brasilia, han condenado por ahora a 227 personas.
Tanto Lopes de Sousa como sus compañeras de piso discrepan de la versión judicial. Creen que no fue un intento de golpe de Estado sino de un plan del nuevo Gobierno para amedrentar a una oposición que llevaba más de dos meses manifestándose ante cuarteles de todo el país. Subrayan, sin pruebas, que el poder de Brasil no está en manos de Lula sino de Moraes, a quien definen como “un dictador que impide la libertad de expresión”.
Como ejemplo citan el bloqueo de sus cuentas en las redes sociales y el cierre de X (antes Twitter) ordenado por Moraes a pocas semanas de las elecciones municipales. El juez tomó esa decisión ante la negativa de Elon Musk de bloquear varios perfiles de la órbita bolsonarista y considerar que existe “un riesgo inminente” de que “grupos extremistas y milicias digitales prosigan y amplíen la instrumentalización de X Brasil con la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.
Allí donde la justicia ve discursos extremistas y desinformación, ellas ven uno de los pocos canales donde “se dice la verdad”. De lo que más les gusta de vivir en la Argentina “es poder volver a expresarnos sin miedo”, en palabras de Maciel Gomes. “En Argentina nos sentimos seguros”, subraya.
El pasado 7 de septiembre, cerca de 40 bolsonaristas se manifestaron en el Obelisco de Buenos AIres con motivo del Día de la Independencia de Brasil. Desplegaron banderas, biblias y pancartas en las que se leía “Fora Lula” mientras gritaban “justicia” y “Dios, patria, familia y libertad” ante transeúntes que les sacaban fotos y les preguntaban quiénes eran. Esa concentración ha sido hasta ahora la evidencia más clara de las redes que han tejido en la Argentina de Milei los prófugos. Otros más querían asistir pero no pudieron, porque se han ido a vivir a provincias muy distantes, como Misiones y Río Negro. Comparten información sobre los procesos en Brasil y la vida que arrancan en Argentina y se dan contención ante la imposibilidad de regresar porque serían apresados al instante.
Las redes no son sólo internas, sino que vivir en Argentina les ha abierto las puertas a la comunidad de la ultraderecha mundial. Maciel Gomes, Verusca Soares y Lopes de Sousa asistieron al Foro Madrid – Buenos Aires liderado por Milei y el líder de Vox, el español Santiago Abascal, en la capital argentina. “Milei tiene razón, estamos librando una guerra cultural y la derecha no nos vamos a rendir”, advierte Verusca Soares.
Por Mar Centenera y Naiara Galarraga Gortázar
