El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere transformar la base naval de Guantánamo, situada en Cuba, en un gigantesco centro de detención para migrantes ilegales. Así lo anunció días atrás, y adelantó que había ordenado preparar 30.000 plazas para ellos.
Este sitio ha sido destino de migrantes interceptados en el mar y desde 2002 alberga presos sospechosos de terrorismo aprehendidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Pero, además de desatar una lluvia de críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles, la propuesta genera una cantidad de dudas desde el punto de vista legal. Muchos expertos se preguntan qué implicaciones puede tener este plan, que se enmarca en la lucha del presidente republicano contra los inmigrantes que entran de manera irregular a Estados Unidos.
La propuesta
El mandatario estadounidense ordenó esta semana habilitar las instalaciones de la base de Guantánamo para albergar a 30.000 migrantes. Algunos «son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen», dijo Trump.
Según un informe de la Fundación Heritage sobre Seguridad Fronteriza, publicado el lunes, «las instalaciones militares estadounidenses pueden desempeñar un papel central en la gestión del flujo de migrantes retornados».
El servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuenta con presupuesto para «41.500 camas, una cifra que tendrá que aumentar significativamente» para cumplir con el plan de Trump y realizar «la mayor operación de deportación masiva de la historia».
Estados Unidos dispone actualmente de 16 bases militares en su territorio para albergar a migrantes.
La historia de la base de Guantánamo
Instalada en 1903 en un área de 117 km2 en el extremo este de Cuba, la base de Guantánamo hospedó en la década de los 1990 a decenas de miles de cubanos y haitianos interceptados en el mar. Muchos haitianos fueron devueltos tras años de retención.
El gobierno de George W. Bush abrió también en ese sitio un centro de detención para confinar prisioneros denominados como «combatientes enemigos», a quienes se les negaron los derechos que presos en suelo estadounidense. Actualmente quedan 15 de los casi 800 prisiones acusados de terrorismo que pasaron por ahí tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Los balseros siguieron llegando en menor medida a una prisión separada en la misma base. El diario The New York Times informó en septiembre que entre 2020 y 2023 estuvieron en esas instalaciones unos 37 migrantes.
Esta sería la primera vez que un centro de detención fuera de territorio estadounidense reciba «la deportación masiva de personas (que están) viviendo en Estados Unidos», dice a AFP Hannah Flamm, directora interina de políticas de la ONG Proyecto Internacional de Ayuda para Refugiados (IRAP).
El destino de los balseros
Aunque miles de balseros interceptados en el agua son devueltos cada año a sus países de origen, hay pocos que logran pedir asilo, demostrando en alta mar, mediante una entrevista «de miedo creíble», que corren riesgo de regresar a su tierra.
Hannah Flamm narró el caso de una familia que así cayó en Guantánamo y fue asesorada legalmente por esta ONG.
La familia, cuya identidad se reservó, estaba integrada por un matrimonio de periodistas perseguido, sus hijos gemelos menores, un hijo mayor de edad y su esposa, que huyeron de Cuba por mar en diciembre de 2021.
Tras un año de reclusión obtuvieron la libertad a condición de aceptar «un tipo de reasentamiento en un tercer país».
Flamm dijo que uno de estos migrantes dijo que «huyó de Cuba por persecución y que lo que estaba sufriendo bajo la custodia del gobierno estadounidense nunca se imaginó vivirlo» porque era parecido a lo que experimentó antes de escapar.
De acuerdo con un informe de IRAP publicado en septiembre de 2024, en Guantánamo los migrantes carecen de mínimas condiciones de higiene y salubridad, viven entre «el moho, aguas residuales y falta de agua potable», además de que rondan las ratas.
El alambrado y la torre de control de la base de Guantánamo, usada como centro de detención. Foto: AP
Los migrantes también están impedidos de privacidad para hablar con sus asesores legales.
Recursos legales
Luis Cortés Romero, especialista en litigios sobre derechos humanos de migrantes y refugiados dice que «se presentarán recursos de hábeas corpus para impugnar la legalidad de la detención por falta de acceso al debido proceso y detención prolongada sin audiencia».
En caso de que esta política se dirija a los inmigrantes latinoamericanos, «los recursos legales podrían argumentar que constituye discriminación, violando» la Constitución estadounidense.
Para Bill Frelick, director de la División de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch, Guantánamo es «una instalación militar estadounidense aislada y altamente controlada en el extranjero» que las autoridades estadounidenses han «utilizado para eludir las protecciones legales y el escrutinio público».
«Cuando la detención se vuelve prolongada e indefinida, y no está sujeta a una supervisión adecuada, viola los derechos humanos y puede equivaler a tortura», afirmó Frelick para HRW.
