RÍO DE JANEIRO.- El gobierno de Río de Janeiro mantuvo el martes “el mayor operativo policial” de su historia, según declaraciones de las autoridades, contra el Comando Vermelho (CV), la principal organización criminal del estado que disputa el control de varias ramas de actividades ilegales con otros grupos en todo el país.
Unos 2500 policías fuertemente armados de la Policía Civil y Militar penetraron en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad, en un enfrentamiento que ya registra al menos 64 muertos, entre ellos cuatro policías.
El objetivo del operativo fue el grupo criminal más antiguo de Brasil, formado en la década de los 70 a partir del encuentro de criminales comunes y militantes de izquierda dentro de una prisión de Rio de Janeiro durante la dictadura militar brasileña.
Actualmente, el CV es considerado una amenaza nacional y trasnacional, con presencia en Bolivia y contacto con grupos narcotraficantes colombianos y en constante guerra con otros grupos criminales brasileños como el carioca Terceiro Comando Puro (TCP) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), de San Pablo.
El CV nació originalmente como la Falange Vermelha, una organización militante con ideología de izquierda formada dentro de la cárcel de Candido Mendes, ubicada en la zona de Ilha Grande, en Río de Janeiro. Sin embargo, a medida que el grupo perdía rápidamente su carácter político, empezó a ser conocido con el nombre por el que se lo conoce hoy. El PCC de San Pablo nacería de forma similar dos décadas más tarde, como un movimiento carcelario en la prisión de Carandiru.
Abandonados sus orígenes de delitos menores y robos de bancos destinados a financiar la vida carcelaria de sus correligionarios, el CV incursionó en la década de los 80 en el tráfico de cocaína, encontrando socios ideales en los cárteles de droga colombianos. Comenzó así una voluntad expresa de la organización en consolidar y expandir su control de diferentes áreas, buscando monopolizar la venta de drogas.
Al mismo tiempo, el CV empezó a ocupar los lugares a los que el Estado brasileño no llegaba, estableciendo un sistema paralelo de gobierno de varias favelas y barrios pobres de Rio y ofreciendo incluso empleo a muchos de sus habitantes. Para la década de los 90, el CV se había convertido en la mayor organización criminal del Estado de Rio de Janeiro y comenzó a expandir sus actividades a diferentes estados.
A partir de entonces, otro factor de la realidad brasileña contribuyó al esfuerzo de la organización criminal por expandir su área de influencia en el país.
Previstas en la legislación desde 1984, las penitenciarías federales solo comenzaron a hacerse realidad en Brasil a partir de 2006, cuando se inauguró la unidad de Catanduvas, en Paraná.
Por entonces, el objetivo era que el líder del CV Luis Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar, -detenido en Colombia desde 2001 y habiendo rotado más de diez veces por prisiones de Brasil a lo largo de cinco años- fuera trasladado definitivamente y permaneciera en completo aislamiento en una unidad de máxima seguridad.
Sin embargo, diferentes procesos y documentos señalan que a partir de entonces el narcotraficante se volvió, desde dentro de las prisiones federales, en uno de los artífices de la organización que reclutó traficantes de todo el país para la nacionalización de la facción, ya en disputa con el PCC.
Actualmente, el resultado de esta estrategia puede verse en los territorios controlados por el CV. Órganos de seguridad pública de Río de Janeiro ya identifican la presencia de criminales provenientes de otros 12 estados en áreas bajo dominio de la facción en Río.
Al mismo tiempo, la organización ha logrado expandirse por 25 estados brasileños y el Distrito Federal, según mostró un relevamiento llevado a cabo por el medio O Globo.
“Hoy, el CV disputa Brasil con el PCC. En poco tiempo, no estaremos hablando solo de seguridad pública, sino de soberanía nacional y de quién manda en el país”, afirma Carlos Antônio Luiz de Oliveira, subsecretario de Planificación e Integración Operacional de la Policía Civil de Río.
Las revelaciones sobre Beira-Mar, señalado por la policía como un articulador dentro de la cárcel, corroboran la sospecha de que los contactos en las prisiones están en el origen de las migraciones de criminales hacia Río.
Incluso después 18 años en el sistema penitenciario federal, el líder narco continuaba recibiendo y enviando mensajes a otros criminales.
En 2017, agentes de la Policía Federal de Brasil encontraron notas escritas por él trituradas dentro de un envase de comida. Dos años antes, la policía había interceptado una llamada telefónica en la que un criminal de Rondônia, detenido en el Centro de Rehabilitación del Cone Sur, en Vilhena (RO), enseñaba cómo enviar mensajes a Beira-Mar, detenido en una unidad federal a casi 800 kilómetros de distancia, en la capital Porto Velho.
En este y otros casos, la migración de delincuentes hacia Río funciona como un sistema de “ganar-ganar”: por un lado, los criminales provenientes de otras regiones que llegan a comunidades como la Rocinha y las del Complejo del Alemão obtienen protección, estatus y nuevos conocimientos en la ciudad; por otro, la facción expande sus franquicias en todo Brasil, incluyendo el control de rutas de distribución de armas y drogas.
“Hoy es muy común hablar de trabajo híbrido o remoto. El crimen hace lo mismo. Han entendido que el jefe ya no necesita estar en el estado de origen. Puede quedarse protegido en Río y tomar decisiones por videollamadas. Esto es muy ventajoso para todos. El jefe del narcotráfico se mantiene en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege sus principales activos, reduciendo la rotación y generando estabilidad en los negocios, especialmente en estados fronterizos con otros países”, explica el fiscal Anderson Batista de Oliveira, coordinador del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) de Rondônia, uno de los estados cuyos jefes del narcotráfico operan desde Río.
Según el think tank especializado en crimen organizado y seguridad en América Latina y el Caribe Insight Crime, para 2020 el CV ya contaba con unos 30.000 miembros en todo Brasil y se encontraba en condiciones de traficar toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y Paraguay.
Ese mismo año, la Corte Suprema de Brasil impuso algunas restricciones a los operativos policiales en las favelas que buscaban controlar el accionar del grupo criminal, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Sin embargo, estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo, lo que se vio reflejado en los enfrentamientos del martes.
En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, con un promedio de casi dos por día. No obstante, Insight Crime explica que las reiteradas incursiones policiales podrían estar beneficiando indirectamente a las milicias rivales del CV, que avanzan hace años en el control de varias zonas de Rio disputadas por las organizaciones criminales.
Agencia AFP y diario O Globo/GDA
