MAGDEBURGO, Alemania – Diez años después de la decisión de Angela Merkel de dejar entrar un millón de sirios en Alemania, su integración sigue requiriendo esfuerzos colosales del Estado federal y de sus Länder. A horas de las elecciones anticipadas, la cuestión de la inmigración es el elemento central que definirá los resultados.
Dieter Ludwig tiene algo de Sísifo. Tras 25 años de carrera, ese carpintero se ocupa sin descanso de la integración de los refugiados en la cámara de la artesanía de Magdeburgo, 157 kilómetros al sudoeste de Berlín. Su prioridad, encontrarles un sitio para que aprendan con los artesanos de la región y hacer que lleguen al final de su formación.
“Ponemos en relación dos mundos en dificultad, las empresas que requieren mano de obra calificada y los refugiados, que necesitan trabajar”, explica. Los sectores con más demanda son la electrónica, la plomería y la mecanotrónica, rubros prometedores en esta ciudad de 240.000 habitantes, que ocupa una posición de privilegio en materia de producción de instalaciones eólicas, así como en el de la construcción mecánica.
“Necesitamos inmigración”, afirma Hans B., un consejero municipal de la ciudad, cuya población declinaba a comienzos de los años 2000 y ahora parece recuperar vigor.
“Sin inmigración no podríamos cubrir los empleos vacantes”, señala.
Pero Dieter Ludwig reconoce que la tarea representa un desafío de talla, a pesar de su energía y de las numerosas ayudas desplegadas por las autoridades: cursos de alemán, trabajadores sociales, programas escolares adaptados… El aprendizaje del idioma es la primera dificultad. Pero también los traumas que vivieron esos refugiados.
“A veces, algunos quieren abandonar. Pero nuestro proyecto hace lo posible para acompañar a esas personas para evitar esa opción”, afirma.
A nivel nacional, los ejemplos exitosos no faltan, sobre todo en el sector de la salud pública. Pero la integración de los refugiados no es un campo de rosas y lleva tiempo. Según el Instituto de Investigación del Mercado de Trabajo (IAB), el 61% de los sirios que viven Alemania desde hace siete años o más trabajan. Pero si se considera el conjunto de la comunidad, solo 287.000 tienen un puesto, lo que corresponde a una tasa de empleo de 42%.
Entre los cerca de 8000 refugiados de Magdeburgo, ucranianos incluidos, 2621 son activos y unos, 1300 desempleados, según cifras de la agencia local para el empleo. Sobre un total de 9080 desempleados, 15% son refugiados, a pesar de que representan menos del 3% de la población.
En 2015, cuando la entonces canciller demócrata-cristiana (CDU) Angela Merkel decidió dejar entrar un millón de sirios en el país, la vena humanista de los alemanes convergió con el desafío demográfico de una nación que envejecía y carecía de mano de obra. Las empresas así como los ciudadanos se vanagloriaban de aquel Willkommenskultur, la cultura de la acogida.
Diez años más tarde, y después del ingreso de un millón suplementario de ucranianos, esta euforia cedió lugar a una forma de resignación.
La piedad de los alemanes ya no se dirige a los casos como el de Aylan Kurdi, aquel niño sirio ahogado en las playas turcas cuya foto dio la vuelta al mundo en septiembre de 2015, sino a las víctimas de violencias cometidas en el país por los inmigrantes.
Y los habitantes de Magdeburgo lo vivieron en carne propia el 21 de diciembre, cuando un médico, refugiado político saudita, lanzó su automóvil a toda velocidad contra la gente en uno de los principales mercados de Navidad de la ciudad, provocando la muerte de cinco personas, entre ellas un niño, e hiriendo a otras 200. Y que el agresor fuera allegado a la extrema derecha no sirvió de nada: su acto de barbarie alimentó aún más el discurso antiinmigración.
El 13 de febrero, una madre y su hija murieron en Múnich también atropelladas por el vehículo de un afgano presuntamente islamista. A escasos días de las elecciones, cuya campaña se ha visto literalmente “aplastada” por la cuestión inmigratoria, la cólera de los alemanes se dirige antes que nada hacia el Estado.
“Otro solicitante de asilo cuyo pedido había sido rechazado”, titulaba el tabloide Bild, apuntando contra los errores de las autoridades.
Una línea defendida por el favorito de estos comicios, Friedrich Merz. El líder de la CDU, favorito para este domingo, quiere distanciarse a toda costa de su predecesora, Angela Merkel, y limitar la inmigración para frenar el avance de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha neonazi, que debería duplicar su score de las últimas legislativas de 2021, obteniendo alrededor del 20% de los votos.
En Magdeburgo, mucha gente interrogada en la vía pública no oculta su simpatía por la AfD.
“Los políticos todavía no aprendieron la lección”, deplora Joachim, un treintañero, vestido con un jogging negro, azul y blanco, los colores del equipo local de fútbol, el FC Magdeburgo.
En las últimas elecciones regionales, el 1° de septiembre, la AfD obtuvo más de 30% de los votos. La noche antes de este reportaje, unos 700 militantes de extrema derecha, muchos de ellos enmascarados y agresivos, desfilaron por el centro de la ciudad cantando estribillos en favor de la expulsión de los extranjeros.
No obstante, según Dieter Ludwig, en Magdeburgo la integración funciona bien.
“Tal vez sea porque contamos con muchas iniciativas de voluntarios que nos apoyan. Hay una gran solidaridad con la gente que llegó después de 2015 y ahora con los ucranianos”, dice.
A pesar de esa realidad, que contrasta con otras regiones de Alemania –sobre todo en el este del país–, las fisuras existen.
Porque después de haber soñado con resolver el problema de la mano de obra con los refugiados, Alemania mira el costo.
Y la factura es cada vez más pesada para las comunas, que administran las escuelas o las ayudas al alojamiento. En Magdeburgo cada refugiado representa un costo de 18.000 euros por año para la municipalidad, que solo recibe 11.000 euros de compensación por parte del Estado.
A nivel federal, el presupuesto 2024 preveía gastos de 28.000 millones de euros para el capítulo “refugiados”, el equivalente a las inversiones en el ferrocarril y las rutas. La mitad en forma de ayuda social. Si no trabaja, cada padre o madre asilado recibe 506 euros por mes, más 357 euros por hijo. A esto se agregan los gastos de alojamiento y de calefacción, cubiertos por las comunas.
De ahí, una tensión que aumenta y una atmósfera que cambió hace dos años.
“Cuando tratamos de construir alojamientos para aliviar a las comunas, la gente es consciente de que es necesario, pero nadie quiere que sea cerca de su casa”, reconoce vía Zoom Hanna Hintze, directora de la comunicación del Land de Baja-Sajonia, que enfrenta el mismo problema que muchas otras regiones.
“La integración de los contingentes actuales funciona. Pero todo lo que podría ir más lejos, particularmente en este periodo, cuando la gente tiene apremios económicos, no resulta aceptable”, agrega.
El debate político, así como los controles generalizados en las fronteras desde la Eurocopa de fútbol el verano (boreal) pasado, consiguieron sin embargo detener el flujo de migrantes. En los centros de hospedaje regionales, unas 60 personas llegan cada día, contrariamente a las más de mil semanales que arribaban en 2023.
En momentos en que la AfD predica la “remigración”, una expulsión masiva de extranjeros en situación irregular, los partidos buscan la respuesta.
La Baja Sajonia, por ejemplo, dirigida por la social-democracia (SPD) del actual canciller Olaf Scholz, apuesta por los “retornos voluntarios”, más humanos que las expulsiones. Baviera, dirigida por la conservadora CSU, hacía presión por el contrario, para que Berlín enviara un chárter hacia Afganistán antes del domingo 23.
Mientras tanto, en la cámara de la artesanía de Magdeburgo, Dieter Ludwig se mantiene imperturbable:
“No debemos bajar los brazos”, insiste. Para él, 80 años después de la guerra, “Alemania sigue teniendo una responsabilidad histórica”.
