En el cierre de la Convención Republicana, en julio del año pasado, Donald Trump dio un extenso discurso centrado en la inmigración. Eso no fue una sorpresa. Sí lo fue el dardo que le dedicó a un presidente cercano a su entorno: el salvadoreño Nayib Bukele.
“Tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando (…) y me di cuenta que envía a los criminales a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso, pero no hace un trabajo maravilloso”, lanzó desde Milwaukee.
Ocho meses más tarde, Trump, ya en la Casa Blanca, se deshace en elogios hacia Bukele, y le agradece públicamente por sellar un acuerdo para recibir a “criminales peligrosos” deportados en su emblemática megacárcel a cambio de un pago anual. “Gracias presidente Bukele por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!”, escribió Trump en sus redes sociales el fin de semana pasado, después del primer envío de migrantes acusados de ser pandilleros.
Pero con este acuerdo –que promocionó a través de un dramático spot que muestra la llegada de esos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)-, Bukele gana más que dinero. También suma legitimación para su cuestionada estrategia de mano dura y busca el debilitamiento de una causa en Estados Unidos que podría perjudicarlo seriamente.
Por su parte, para Trump, la deportación de 238 venezolanos y de 23 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13) le sirve para disuadir a los migrantes que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos, por temor a terminar en el oscuro sistema penal salvadoreño. De hecho, según la cadena CBS, 137 de los deportados estaban acusados por presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, mientras que 101 fueron expulsados a El Salvador por haber violado las leyes migratorias del país norteamericano.
“Muchos venezolanos nos dicen ‘Mi familiar está detenido en Estados Unidos, no sabemos si está en Guantánamo, en El Salvador o dónde’. Me temo que buscan disuadir la inmigración a través del terror”, dice a LA NACION Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). Con esta nueva modalidad, que desafía las normas estadounidenses y también las internacionales, Trump avala y aprovecha algunas de las características del régimen de excepción salvadoreño, como la falta de debido proceso y la ausencia de información sobre los detenidos.
“Con este acuerdo, se está trasnacionalizando el régimen de excepción”, señala Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una ONG salvadoreña que registró 367 muertes bajo custodia en los tres años que cumplirá ese régimen en El Salvador, en los que fueron detenidas unas 85.000 personas. Esta estrategia que hizo popular a Bukele porque redujo sustancialmente los niveles de violencia, dejó a su país al tope de los rankings de tasa de encarcelamiento y acumula denuncias de violaciones a derechos humanos.
El envío de migrantes, de los que no se difundió oficialmente la identidad, sus antecedentes ni las acusaciones en su contra, despertó múltiples cuestionamientos sobre su legalidad y abrió un fuerte enfrentamiento entre Trump y la Justicia en Estados Unidos. No ocurrió lo mismo en El Salvador, donde el gobierno de Bukele controla los tres poderes, especialmente desde su contundente triunfo electoral el año pasado, pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida.
Para deportar a los migrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 para épocas de guerra. El juez federal James Boasberg bloqueó su uso el mismo sábado en que se estaban llevando a cabo los vuelos. “Ups… demasiado tarde”, se burló Bukele, con un emoji de risa, en su cuenta X minutos antes de compartir el video de la llegada de los deportados. Trump, por su parte, amenazó a Boasberg con un juicio político, mientras que el mandatario salvadoreño entró en la discusión al afirmar que “Estados Unidos se enfrenta a un golpe de Estado judicial”.
Cuando una candidata republicana dijo en X que “Estados Unidos debería simplemente seguir lo que hicieron en El Salvador” en materia judicial, el multimillonario y asesor de la Casa Blanca Elon Musk comentó: “Es la única manera”. El diario The Washington Post, de otro magnate –Jeff Bezos- respondió con un fuerte editorial: “No es la única manera ni es el estilo estadounidense. El Salvador demuestra el peligro de depender de un dictador y permitir que funcionarios sin control actúen a su antojo bajo el pretexto de la ‘seguridad nacional’”.
“El acuerdo de los migrantes está basado en un abuso de poder, saltando los poderes legislativo y judicial”, considera Bullock, y agrega que además el pacto no fue ratificado por el Congreso salvadoreño, aun cuando Bukele goza allí de una cómoda mayoría. “Que los dos mandatarios decidan enviar a cientos de personas que no han sido condenadas, que no han tenido juicio previo, para desaparecerlos en el gulag del presidente Bukele es muy preocupante”, dice.
“Creo que Bukele está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano, que ayuda a Trump a evadir el escrutinio judicial por el tratamiento a los migrantes”, señala por su parte Pappier, en referencia a la base militar de Estados Unidos en Cuba, donde instaló una cárcel de máxima seguridad de la que por mucho tiempo se supo muy poco.
El acuerdo, que se gestó en un viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador el mes pasado, y que incluso llegó a contemplar la posibilidad de enviar convictos estadounidenses a las cárceles salvadoreños, establece que el régimen de Bukele recibirá unos 20.000 dólares anuales por cada detenido alojado en el Cecot, según información obtenida por la agencia AP. Una tarifa “muy baja” para Estados Unidos y “muy alta” para El Salvador, según dijo Bukele, y agregó que entre este acuerdo y su plan “Ocio Cero” para que algunos convictos trabajen, busca lograr que el sistema penitenciario “sea autosostenible”. “Hoy por hoy su costo asciende a US$200 millones al año”, agregó.
“Seguimos avanzando en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero esta vez, además, estamos ayudando a nuestros aliados”, escribió Bukele en X para celebrar el acuerdo con Trump. Pero también festejaba un éxito intangible: la validación del régimen de excepción que rige en el país desde el 27 de marzo de 2022, la clave de su “guerra contra las pandillas”.
Si bien la estrategia resultó efectiva en relación a una fuerte reducción de la violencia (de un pico de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, cuatro años antes de la asunción de Bukele, a un mínimo de 1,9 el año pasado, según datos oficiales), es foco de denuncias de violaciones a derechos humanos, como “tortura, muertes, violaciones masivas al debido proceso y condiciones de detención deplorables, incluyendo falta de atención médica y alimentación”, según documentó HRW. Además, con los 85.000 detenidos en el marco del régimen, la población carcelaria se disparó a 108.000 personas detenidas en un sistema diseñado para albergar a 70.000, según la ONG. Según el último dato oficial, unas 8000 personas acusadas por vínculos por las pandillas fueron luego liberadas, lo que confirmaría las denuncias de detenciones de inocentes, en general a partir de la estigmatización de personas de clase baja.
Para Karen Estrada, politóloga salvadoreña e investigadora de la Universidad Flacso México, “el hecho de que un país mucho más grande, con las capacidades estatales de Estados Unidos, esté haciendo esto junto con el gobierno de Bukele es como una legitimación no solamente discursiva, sino también de prácticas fuera del debido proceso”.
Además de las denuncias, los especialistas cuestionan también la sustentabilidad de este modelo de seguridad ahora sponsoreado por Trump. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el régimen de excepción “es como una olla de presión que en cualquier momento puede estallar”.
“Ha logrado contener el problema de la violencia, pero no resolverlo –explica-. Las maras son redes criminales trasnacionales, se han movido o ya estaba en otros países, como Honduras o Guatemala. Estos grupos pueden empezar a organizarse en esos países y puede estallar una ola de violencia”.
Una de los verdaderos motivos de Bukele para firmar el acuerdo reside en una corte de Nueva York donde se investiga un presunto pacto entre su gobierno y las Maras para reducir la ola de violencia en el país antes del régimen de excepción a cambio de beneficios para líderes pandilleros. A esto se suma que, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra funcionarios salvadoreños por conceder favores a esos cabecillas. Bukele nunca reconoció esos vínculos; de confirmarse, harían trizas el relato de su “guerra contras las pandillas”.
Uno de los deportados el pasado fin de semana es César Antonio López Larios, alias “El Greñas”, un veterano líder de la MS-13 y uno de los 27 acusados en Estados Unidos. Para poder trasladarlo, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York renunció a la acusación de Larios, para que sea juzgado en El Salvador, según un documento oficial.
“Me temo que si ya extraditaron a uno puede haber una espada de Damocles para los demás para que no hablen, o serán extraditados. Las posibilidades ahora de que puedan confesar este pacto son nulas”, opina Pappier. Así, de a poco, esa causa que desvela a Bukele puede perder fuerza.
En una línea similar, en una columna publicada en El Faro, el académico Ricardo Valencia señala que Bukele se convirtió en “un carcelero por sobrevivencia”, y lo vincula con aquel discurso de Trump en la Convención Republicana. “Más que admiración, el gobierno de Bukele puede que esté aterrorizado con Trump y por eso ha decidido someterse completamente. (…) Si Trump está dispuesto a negociar con el dictador Nicolás Maduro -pasando encima a Rubio-, no dudará en lanzar a los leones a Bukele, si eso le sirve para avanzar con sus intereses políticos”, señala Varela.
El acuerdo por el “alquiler” de la megacárcel abrió también una nueva fase en la relación entre los dos países, después de un vínculo frío entre Biden y Bukele.
Estrada menciona que esta “amistad” -como dijo Rubio- también beneficiaría al gobierno salvadoreño por el préstamo de 1400 millones de dólares que cerró recientemente con el FMI, en medio de una grave crisis económica. “Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo. Entonces, hay ciertas condiciones que se le han solicitado a El Salvador en cuestión de transparencia, de institucionalidad, que deberían de cumplirse en un contexto democrático, pero que sabemos que es difícil con un gobierno como el de Bukele. Hay una conveniencia en ese sentido”, señala.
Este vínculo también reconfiguraría las alianzas de Estados Unidos en la región. “Por ejemplo, vemos afinidades entre Javier Milei con Trump, y también con Bukele. Entonces podría ser una especie de bloque y que otros presidentes del Cono Sur se vayan sumando. No necesariamente sería solo afinidad política sino también conveniencia”, dice la politóloga.
Pappier es más contundente al evaluar el impacto de este acuerdo sobre el vínculo del magnate con América Latina. “Esto corrobora que a Trump no le interesa ni la división de poderes, ni estado de derecho ni los derechos humanos; ni en Estados Unidos ni en la región. Esto es consistente con reunirse con Maduro y con hacer estos acuerdos con Bukele”.
