WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para imponer sanciones económicas y de viajes dirigidas a personas que trabajan en investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos como Israel, una decisión que nuevamente generó una ola de condenas de parte de sus aliados europeos.
La CPI es un tribunal permanente que puede procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión contra el territorio de los estados miembros o por parte de sus nacionales. Estados Unidos no es miembro del tribunal.
La decisión de Trump, el jueves, coincidió con una visita a Washington del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscado por la CPI por la guerra en Gaza, y volvió a generar el rechazo de sus aliados europeos, igual que su idea de tomar control de la Franja de Gaza y expulsas a los palestinos a otros países.
“Las sanciones son la herramienta equivocada”, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz. “Ponen en peligro una institución que se supone debe garantizar que los dictadores de este mundo no puedan simplemente perseguir a la gente y comenzar guerras, y eso es muy importante”.
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, escribió en sus redes sociales que sancionar a la CPI “socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”.
Holanda, el país anfitrión de la corte con sede en La Haya, también dijo que lamentaba las sanciones. “El trabajo de la corte es esencial en la lucha contra la impunidad”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, en un comunicado. Algunos miembros del gobierno holandés dicen que el país ha estado tratando de ayudar a la corte a protegerse de las consecuencias.
La ONU se sumó a las inquietudes, diciendo lamentar la iniciativa de Washington, y pidió a Trump que reconsidere la medida. “Lamentamos profundamente las sanciones individuales anunciadas ayer contra el personal de la corte, y pedimos que se revierta la medida”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU.
La propia CPI condenó las sanciones y dijo que “apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”.
La medida también cosechó algunos elogios. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, un aliado incondicional de Trump, dijo que las sanciones mostraban que podría ser el momento de abandonar la CPI.
“¡Es hora de que Hungría revise lo que estamos haciendo en una organización internacional que está bajo sanciones estadounidenses! Nuevos vientos están soplando en la política internacional. Lo llamamos el tornado Trump”, dijo en X.
Como era de esperarse, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció en las redes sociales a Trump “por su audaz orden ejecutiva sobre la CPI”. “Defenderá a Estados Unidos e Israel de un tribunal corrupto, antiestadounidense y antisemita que no tiene jurisdicción ni base para emprender acciones legales contra nosotros”, escribió Netanyahu en X.
“Felicito encarecidamente al presidente Trump”, afirmó por su parte el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en la red X. “La CPI persigue de forma agresiva a los dirigentes elegidos de Israel, la única democracia de Medio Oriente”, añadió.
La corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, recibido el martes en la Casa Blanca por Trump, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Los jueces estimaron al emitir las órdenes de arresto que hay “motivos razonables” para sospechar de ambos de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra de Gaza, que es consecuencia del ataque sin precedentes del grupo terrorista Hamas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.
En ese sentido, Trump firmó un decreto que prevé sanciones contra la CPI, acusada de emprender “acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”. El texto, difundido el jueves por la Casa Blanca, prohíbe la entrada en Estados Unidos a los directivos, empleados y agentes de la CPI, así como a sus familiares más cercanos y a cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal.
El decreto prevé también congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento.
No estaba claro con qué rapidez Estados Unidos anunciaría los nombres de las personas sancionadas.
Los funcionarios del tribunal convocaron reuniones en La Haya el viernes para discutir las implicaciones de las sanciones, dijo una fuente a Reuters bajo condición de anonimato.
Durante el primer gobierno de Trump en 2020, Washington ya había impuesto sanciones a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a uno de sus principales asesores por la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. El presidente estadounidense Joe Biden levantó las sanciones cuando asumió el cargo en 2021.
La CPI es el único tribunal internacional permanente que tiene el poder de procesar a individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. La corte dice que está “participando en una lucha global para poner fin a la impunidad”.
Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se fundó en 2002 y cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.
Trump firmó la orden ejecutiva después de que los demócratas del Senado estadounidense bloquearan la semana pasada un esfuerzo liderado por los republicanos para aprobar una legislación que estableciera un régimen de sanciones dirigido al tribunal de crímenes de guerra.
El tribunal ha tomado medidas para proteger al personal de posibles sanciones estadounidenses, pagando los salarios con tres meses de anticipación, mientras se prepara para restricciones financieras que podrían paralizar sus actividades.
En diciembre, la presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, advirtió que las sanciones “socavarían rápidamente las operaciones del tribunal en todas las situaciones y casos, y pondrían en peligro su propia existencia”.
Rusia también ha apuntado al tribunal. En 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, acusándolo del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania. Rusia ha prohibido la entrada al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y lo ha incluido a él y a dos jueces de la CPI en su lista de personas buscadas.
Agencias Reuters, AFP y AP
