WASHINGTON.- Donald Trump terminó de presentar en el Salón Oval el nuevo avión caza de sexta generación, el F-47 –el mismo número que tiene ahora como presidente de Estados Unidos–, cuando, en medio de su primer ida y vuelta con los periodistas en toda la semana, le preguntaron si creía que tenía la autoridad para deportar inmigrantes sin tener que presentar evidencias en un tribunal. “Es lo que dice la ley, y es lo que necesita nuestro país”, desafió el presidente, y después lanzó otro dardo contra un juez federal que intentó frenar dos vuelos de deportación a El Salvador, al llamarlo “un lunático radical de izquierda”.
Ese fue el último de una cadena de ataques de Trump contra un juez federal, James Boasberg, que había puesto en duda su autoridad, una ofensiva sin cuartel que incluyó un pedido explícito en su red social, Truth Social, para removerlo a través de un juicio político, o impeachment. “¡No ganó nada!”, se despachó Trump, tras recordar que él había ganado el voto popular y todos los estados donde se definió la elección presidencial. La diatriba contra Boasberg provocó una muy atípica respuesta pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, a través de un comunicado.
“Durante más de dos siglos, ha quedado establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, declaró Roberts en el comunicado difundido por la Corte. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, agregó.
La pelea de Trump con Boasberg –y con los tribunales en general, que de momento son la única línea de resistencia real a su gobierno– aparece como la madre de todas las batallas de su nueva administración, un choque donde muchos ven el germen de una posible crisis constitucional sin precedentes en la historia del país.
Los choques entre la Casa Blanca y los tribunales han ocurrido antes, pero Trump parece ahora dispuesto a desafiar abiertamente las órdenes de la Justicia y el equilibrio de poderes como ninguno de sus antecesores. El motivo: definir –o expandir o borrar, para sus detractores– los límites de la autoridad como presidente. Boasberg intentó frenar dos vuelos de deportación a El Salvador, pero no lo logró. El gobierno norteamericano dijo que la orden llegó demasiado tarde, que los aviones estaban “en aguas internacionales”, pero también que era “ilegal”, y el Departamento de Justicia indicó que la decisión “no era ejecutable”. La vocera de Trump, Karoline Leavitt, señaló después que es el presidente quien tiene la autoridad para deportar a terroristas extranjeros, y no un juez.
“Eso constituye un flagrante abuso de poder del tribunal. Este juez no puede, no tiene esa autoridad”, dijo Leavitt.
Detrás de la pelea entre Trump y Boasberg aparecen, en este caso concreto, dudas sobre el procedimiento que siguió la administración, y quiénes fueron las personas deportadas a El Salvador. Varias familias de inmigrantes expulsados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) creado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador han puesto el grito en el cielo en protestas, insistiendo en que no son ni pandilleros ni terroristas. Trump dijo en el Oval ante una pregunta de LA NACION que hubo un riguroso “proceso de investigación”, pero a la vez indicó que ese proceso continúa, sin descartar del todo posibles errores.
“Me dijeron que pasaron por un riguroso proceso de investigación, y que este también continuará en El Salvador, y si hay algo, sin duda querríamos averiguarlo. Pero este era un grupo peligroso. Era un grupo peligroso, y estaba en zonas peligrosas, y estaba con muchas otras personas que eran asesinos, personas realmente malas, con los peores antecedentes que jamás haya visto. Pero continuaremos con ese proceso. Por supuesto. No queremos cometer ese tipo de error”, dijo el presidente.
Y la pelea judicial por los vuelos de deportación no es la única batalla de la Casa Blanca en los tribunales. La tenaza migratoria de la nueva administración abrió otros frentes, como el caso de la profesora libanesa de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, que residía legalmente en el país y fue expulsada pese a que otra orden judicial había bloqueado temporalmente su deportación. O el arresto de Mahmoud Khalil, el estudiante de la Universidad Columbia que tiene una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card y está casado con una ciudadana norteamericana, a quien el gobierno norteamericano quiere expulsar por su papel en las manifestaciones pro-palestinas en el campus de Columbia en contra de la guerra en Gaza.
La arremetida de Trump contra los jueces rememora una táctica utilizada por varios políticos en América Latina, desde Cristina Kirchner a Bukele, en El Salvador, o Rafael Correa, en Ecuador, y Andrés Manuel López Obrador, en México. La disputa de “AMLO”, como se lo llama en México, con la Justicia terminó en una controvertida reforma judicial para elegir a los jueces a través del voto popular, un giro ampliamente visto como una maniobra para capturar políticamente los tribunales.
“Varios ejemplos en América Latina ofrecen una advertencia de lo que ocurre cuando líderes populistas – de todo tinte ideológico – llegan al poder a través de elecciones y rápidamente dan la espalda a garantías democráticas esenciales”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. “No es casual que la independencia judicial sea de lo primero en ser atacado porque el rol primordial de una justicia que funciona es actuar como un contrapeso a los abusos de poder, y los líderes autoritarios buscan precisamente que nadie los controle”, agregó.
El riesgo para la institucionalidad democrática y los derechos humanos cuando eso ocurre es “altísimo”, indicó la experta, y las consecuencias, como se ha visto en América Latina, “son graves y varían en función de la fortaleza de los sistemas de justicia para mantenerse en pie y de la ciudadanía de defenderlos”.
