Harto ya de los estragos que estaban causando las ratas en su casa de Langreo, en Asturias, España, Alfredo Musante, de 59 años, diseñador de páginas web y productor de radio, decidió días atrás poner una jaula como trampa. Cuando finalmente atrapó al roedor, Musante quedó impactado por el tamaño. “Era como un gato mediano. Por eso, a lo largo de varios días, había llegado a comerse casi toda una bolsa de papas”, contó a LA NACION.
Conocedor de los alcances de la polémica Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023 a nivel nacional, Musante se comunicó entonces telefónicamente con el Ayuntamiento de Langreo para averiguar qué debía hacer con el roedor. La kafkiana respuesta de la funcionaria lo sorprendió: “Según la nueva Ley de Bienestar Animal, usted no puede matar a una rata. Y si lo hace con un palo o una escoba, es considerado un agravante por la utilización de un ‘arma’, lo mismo que si la mata delante de un niño o sube fotos a internet. Y si suma dos ‘agravantes’, según la nueva legislación, la pena es de 18 meses de prisión”, le advirtió.
Cuando consultó entonces cómo debía actuar, la funcionaria le aconsejó ir con el roedor en la jaula a alguna de las montañas que rodean el pueblo y liberarlo allí. “Le objeté que al ser liberadas, sin importar la distancia, las ratas saben cómo regresar al mismo sitio donde tuvieron alimento y cría. Pero ella insistió en que esa era la única alternativa legal”, contó.
Musante prefirió no dar detalles a LA NACION de cómo terminó finalmente la historia de la rata.
La llamada “Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales” fue impulsada hace algunos años por grupos animalistas y el partido de izquierda Unidas Podemos, que formó parte de la coalición del gobierno de Pedro Sánchez hasta fines de 2023.
La comisión que elaboró el proyecto contó con la comparecencia de activistas, y sus principales opositores fueron, sorprendentemente, los expertos veterinarios. “De los 13 expertos que aceptó escuchar la comisión legislativa, siete eran activistas animalistas, cuatro fueron personas relacionadas con el sector de la caza y tan solo dos éramos veterinarios”, contó a LA NACION Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Recursos Cinegéticos, que cargó duramente contra una iniciativa que, según él, “carece de toda base científica”.
De hecho, poco antes de la aprobación de la normativa, más de 800 científicos españoles firmaron una carta en la que señalaron que el texto “denota que en su redacción han faltado puntos de vista y voces críticas que velen no solo por el bienestar individual de los animales sino por la conservación generalizada de nuestro patrimonio natural».
En su comparecencia ante el Congreso, el especialista afirmó que “en nuestra relación con los animales conviven en nuestra sociedad dos corrientes: una animalista y otra más científica. Y esta ley está claramente más sesgada hacia la primera”.
Así es como la norma, que llamativamente no fue impulsada por el Ministerio de Agricultura sino por el de Derechos Sociales, se propone regular “el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales” en tanto los define como “seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse”.
María Luisa Fernández, de la Organización Colegial Veterinaria, la otra experta que habló ante el Congreso, objetó la utilización del término “dignidad” referido al bienestar animal, y remarcó que “la cuestión debe ser abordada desde la ciencia veterinaria, y no desde la subjetividad”.
En la práctica, la ley -que todavía tiene algunos artículos que deben ser reglamentados- incluye de todas maneras varios aspectos considerados positivos, como la obligación de los dueños de registrar sus mascotas, y de contratar un seguro para el caso de que el animal provoque daños o lesiones a terceros. Además prohíbe la venta en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público en esos locales con fines mercantiles. La actividad comercial queda restringida a criadores registrados.
Pero Gortázar advirtió que la legislación entra en el terreno de la subjetividad cuando, por ejemplo, equipara los derechos de cualquier vertebrado con los de un ser humano. Entre otros, un artículo conocido como “sacrificio cero” prohíbe “dormir” por motivos económicos a un animal gravemente enfermo cuando la razón sea que por lo complejo del tratamiento ya resulta muy oneroso para el dueño. “Es más sencillo gestionar la eutanasia para una persona que para un animal”, graficó Gortázar.
Además, la norma sancionada no diferencia entre mascotas, animales de compañía o silvestres por lo que el delito de “maltrato” tipificado por el Código Penal, se extendió ahora a todos los vertebrados por igual. Es lo mismo un perro criado en una casa que un murciélago o un pez de un río.
Incluso en el caso del indiscutible “mejor amigo del hombre” los veterinarios y hasta los propios dueños consideran que la protección que ofrece la ley resulta excesiva para los siete millones de perros que se estima que hay en España.
Cristina Seijas, una ama de casa de 69 años que vive en Sevilla, contó a LA NACION los inconvenientes que le genera la normativa con sus perros de 7 y 8 años. “Aunque todavía no se terminó de reglamentar todo, si deseo seguir conservando mis perros, voy a tener que hacer obligatoriamente un curso sobre el cuidado animal, aunque ya vengo criando a mis perros desde cachorros. Además, en caso de que fueran de distinto sexo, debería contar con el certificado de castración de alguno de los dos para que la hembra no pueda ser preñada”, señaló.
“Por otro lado, como la vida de mis perros vale lo mismo que la de cualquier vertebrado, si una serpiente amenaza o pica a uno de mis perros o incluso a un chico, yo no podría matarla”, agregó.
En cambio, los redactores de la ley mostraron también una predilección especial por otra de las mascotas preferidas por las familias: los gatos, que tienen en España una población estimada por el Colegio de Veterinarios en 5,9 millones de ejemplares.
Según la nueva legislación, los ayuntamientos tienen la obligación de controlar y gestionar el cuidado de los gatos callejeros, o sea contar con trabajadores formados, capturar a los animales, vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos y devolverlos a lo que la ley llama “colonias felinas”.
“Esa palabra ‘colonia’ denota una gran ignorancia de la ciencia veterinaria. Los gatos no son animales gregarios, por lo tanto no forman ‘colonias’. Además me pregunto cómo van a hacer para cuidar, y financiar el mantenimiento de los gatos callejeros cuando son animales tan esquivos, y no todos los ayuntamientos cuentan con suficiente presupuesto”, objetó Gortázar.
La legislación finalmente aprobada no dejó contentos ni siquiera a sus principales impulsores, los miembros del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), que criticaron, por ejemplo, el llamativo silencio de la ley respecto de la tauromaquia -las sangrientas corridas de toros que generan unos 400 millones de euros anuales solo en concepto de venta de entradas-, e incluso la despenalización de la zoofilia en los casos en que el animal no sufra lesiones.
“Los políticos que están en el Congreso de los Diputados están muy por detrás de lo que la sociedad demanda actualmente”, dijo Javier Luna, presidente de la organización.
